A fines del siglo XIX, con el arribo masivo de los inmigrantes de origen latino sobre el territorio nacional, aumentó considerablemente la demanda de los productos derivados del olivo, esencialmente el aceite de oliva y las aceitunas de mesa conservadas en salmuera. La falta de respuesta a interna a esta fuerte demanda condujo a la Argentina a importar productos de origen europeo, en particular desde España e Italia.

La guerra civil española (1936/1939) tuvo numerosas repercusiones sobre el comercio internacional y, para paliar las dificultades de aprovisionamiento y ante el agravamiento de la situación, el gobierno argentino lanzó un programa de promoción del sector oleícola a través de la ley 11.643 del 29 de septiembre de 1932.

Con esta ley, las provincias en las que las precipitaciones fueran inferiores a 400 mm por año y que presentaran posibilidades de irrigación fueron favorecidas y reconvertidas al sector oleícola, incluso sectores vinícolas que se encontraban en franca crisis productiva.

Hacia 1965 la Argentina contaba con casi cinco millones de plantas de olivo distribuidas en distintas provincias caracterizadas por diferencias agrarias y climáticas singulares, entre ellas las zonas cordilleranas como Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja y otras como Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.

La Superficie cultivada en la actualidad es de alrededor de 79.000 ha, estimado de un promedio de 350 plantas por ha. De acuerdo con el régimen de plantaciones aplicado en la Argentina, el total de plantas de olivo en el país sería aproximadamente 27.650.000 unidades.